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Sitio Columbanos
Hoy, cinco años después, y a pesar de la oposición mundial sin precedentes a la guerra, estamos marcando el quinto aniversario.
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En tiempos cada vez más crueles, cuando la violencia parece estallar a dondequiera que volteemos, cada vez es más obvio que la solución no radica en acciones militares, ya que cada acto de agresión sólo genera una reacción beligerante.
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Entre las incontables víctimas de esta guerra y oculto entre el caos del conflicto, un grupo continúa olvidado en la obscuridad, sus números sin contar, sus pérdidas sin tomarse en cuenta.
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Testimonio de Paz Cristiana para Irak.
Leer más...Teresa Polk
Al cerrar el quinto aniversario de la invasión a Irak, cerca de cuatro mil americanos han perdido sus vidas, decenas de miles se encuentran heridos en sus cuerpos y en sus mentes, y un número indeterminado de cientos de miles de iraquíes han muerto, mientras que más de dos millones han buscado refugio en países vecinos de la violencia cotidiana de una vida bajo la ocupación extranjera. La infraestructura del país se encuentra hecha un desastre, el ambiente político está tan dividido como siempre, y el desempleo continúa a la alza. Aún así, entre las incontables víctimas de esta guerra y oculto entre el caos del conflicto, un grupo continúa olvidado en la obscuridad, sus números sin contar, sus pérdidas sin tomarse en cuenta.
A Ramil Autencio su reclutador en las Filipinas le prometió un trabajo de dos años en el Hotel Plaza Crown, en Kuwait, pero cuando llegó a ese país, le dijeron que no había trabajo. Detenido junto a otros 800 trabajadores migrantes filipinos, y habiéndoseles confiscado sus documentos a su llegada, al poco tiempo fueron traficados a Irak para trabajar en la construcción de la Embajada de los Estados Unidos en Bagdad y otras bases militares. Trabajaban once horas al día, siete días a la semana, viviendo en contenedores de camiones vacíos, durmiendo sobre cajas aplastadas de cartón. “Las cárceles son mejores”, recordaría Autencio. “Nos ordenaron ir... Nos trajeron a Irak contra nuestra voluntad.” Los disparos y los estallidos de bombas los despertaban en las noches, haciendo crujir su refugio sin protección.
Autencio, junto a otros siete mil quinientos trabajadores migrantes de las Filipinas, Pakistán, Bangladesh, Ghana y otros países, fue reclutado por la compañía contratista First Kuwaiti General Trading and Contracting, subcontratista de Kellogg Brown & Root que fue la ganadora del contrato por $592 millones de dólares para construir la Embajada Estadounidense en Bagdad. El proyecto se ha visto plagado con acusaciones de prácticas de contratación engañosas, honorarios exorbitantes por reclutamiento, condiciones infrahumanas de vida, y condiciones de trabajo abusivas y peligrosas. Un memorándum del Pentágono fechado en abril 2006 aceptaba que los pasaportes de los trabajadores eran rutinariamente confiscados para evitar que se fueran o buscaran mejores condiciones de trabajo en otros lados, en violación directa de las leyes de tráfico de trabajadores de los E.U.
El Departamento de Estado llevó a cabo, en septiembre 2006, una investigación muy superficial de las prácticas de contratación y empleo de First Kuwaiti, aunque hizo notar algunas causas de preocupación. Mientras tanto, países como las Filipinas han prohibido a sus ciudadanos trabajar en Irak, aunque todavía muchos son traficados hacia allá.
Norman Alfonso Solano no es extraño a la contrainsurgencia. Él sirvió en el ejército peruano en la lucha contra Sendero Luminoso. El alto índice de desempleo y los bajos salarios de Perú significan que el trabajo es inestable y no da para satisfacer las necesidades básicas de su familia. Solano ha sido contratado por mil dólares mensuales por Triple Canopy, un contratista militar privado basado en los Estados Unidos, junto a reclutas de países como Chile, Colombia y El Salvador. “Tengo cuatro niños... y estoy capacitado para la guerra. Así que tengo que ir a donde haya guerra,” dice Solano. Aproximadamente 1,600 compañeros peruanos se han unido a Solano en Irak desde 2005, de acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque, dado que las compañías no están obligadas a informar sobre sus actividades, este número es sólo estimativo.
Un informe de julio 2007, del Servicio de Investigación del Congreso, detalló que de 182 mil trabajadores privados que sirven en Irak, aproximadamente 43 mil eran ciudadanos de terceros países, ni de Irak o los E.U., sino que incluían ciudadanos de Perú, Fiji, África del Sur, Chile y algunos otros treinta países. Muchos de estos trabajadores son de países con altos índices de pobreza o desempleo y con historias recientes de conflictos internos. Muchos cuentan con experiencia previa en unidades policiacas, militares o de inteligencia, organizaciones que a menudo han sido implicadas en serios abusos contra los derechos humanos en sus propios países. Aún así, los reclutas no reciben entrenamiento en normas de derechos humanos antes de ser desplazados. De hecho, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre el Uso de Mercenarios ha documentado en repetidas instancias la falta de entrenamiento adecuado, pobres condiciones de vida y de trabajo, salarios no pagados o parcialmente liquidados, y de reclutas a los que se les pide firmar contratos que no comprenden y que los dejan desprotegidos, particularmente en caso de heridas graves.
Expertos en derechos humanos se preguntan bajo cuáles leyes los contratistas de seguridad privada deben operar, y quiénes deben encargarse de hacer a tales compañías responsables de sus actos. Hasta hoy, tanto en sus prácticas de reclutamiento como en sus operaciones dentro de Irak, han operado con una casi completa impunidad. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre el Uso de Mercenarios ha estado investigando el reclutamiento de nacionales extranjeros para servicio en Irak, por compañías de seguridad privada y ha intentado presionar a países a que sean miembros de la Convención de Mercenarios de las Naciones Unidas de 1989, cuyo objetivo es restringir la actividad mercenaria. Asimismo, después del asesinato de diecisiete iraquíes en septiembre pasado por personal de Blackwater operando en Bagdad, David Price, representante de los E.U. por Carolina del Norte, introdujo el Acta de 2007 de Aplicación de Expansión y Jurisdicción Militar Extraterritorial. Pero a pesar de que hace aplicar una mayor responsabilidad y verificación sobre las firmas de seguridad privada, no resuelve totalmente las prácticas de reclutamiento, particularmente fuera de los Estados Unidos.
Mientras que los contratistas de seguridad privada de los E.U. o Gran Bretaña reciben entre $500 y $1,500 dólares por día, los reclutas de Perú y otros países pobres reciben un salario mucho menor de $1,000 a $1,500 por mes. A la fecha de marzo 2007, aproximadamente 1,000 trabajadores de seguridad privada han muerto y más de doce mil han sido heridos. Dado que no existen números oficiales de cuántos se encuentran en Irak, estos números son sólo estimativos. De acuerdo con la Oficina de Washington sobre América Latina, los países en desarrollo se han convertido en una fuente barata de trabajadores para labores que ponen en riesgo la vida. “Puede ser tentador contratar trabajadores de bajo salario para que tomen los riesgos por nosotros, para que nosotros no experimentemos el costo humano de víctimas o muertes. Pero esto no es moralmente aceptable.”